LA
SITUACIÓN YANOMAMI EN LA COYUNTURA ACTUAL
Esteban Emilio Mosonyi
Caracas,
sábado 15 de septiembre de 2012.
Todos
celebramos el hecho de que las denuncias sobre una supuesta masacre
en la comunidad yanomami de Irotatheri (lugar de los araguatos) no
resultasen ciertas. La Comisión de Alto Nivel que visitó la zona y
la aldea de ese nombre no encontró evidencia alguna de la muerte de
personas o destrucción de cualquier tipo. Lo cual coincide además
con el retiro de la denuncia por parte de otros actores sociales
involucrados, entre ellos el dirigente yanomami Luis Shatiwë y la
propia Survival International, quienes también reconocen que no hubo
tal matanza. Considero sin embargo –y en eso creo interpretar el
sentir y el pensar de muchos aliados nuestros– que el Episodio de
Irotatheri significa o más bien debería significar un punto de
inflexión en el tratamiento colectivo –no solamente gubernamental–
de nuestra realidad indígena y la problemática ambiental en medio
de la cual esta se desenvuelve. A pesar de haberse transcurrido
algunos días a partir del cruce de los documentos iniciales, la
discusión y el debate sobre el tema indígena se mantienen vivos.
Por tanto es nuestra obligación no solo ética sino histórica el no
dejarlos decaer quién sabe por cuanto tiempo. Es preciso llegar
antes a un conjunto de constataciones, conclusiones e ideas guías
que merezcan cierto grado de consenso operativo entre los principales
actores sociales con mayor grado de participación: comenzando por
supuesto con nuestros hermanos indígenas y sus organizaciones.
En
este punto tengo que referir brevemente cómo llegó la denuncia a
mis manos y en qué forma se ha ido gestando la situación de extrema
complejidad que hoy estamos percibiendo. El Documento que en primer
lugar me hizo reaccionar fue el Pronunciamiento de las Organizaciones
Indígenas de Amazonas del 27 de agosto del 2012, firmado por catorce
organizaciones de diferentes pueblos étnicos que hacen vida en esa
región; así como por el Diputado Indígena José Gregorio Díaz
Mirabal, Vice Coordinador de CONIVE y Guillermo Guevara,
Constituyente Indígena de 1999. Es bueno precisar que estas
entidades como los personeros que las representan tienen una sólida
trayectoria de lucha por los derechos y reivindicaciones de los
pueblos autóctonos; también desde el punto de vista de su ética
personal son merecedores de nuestra confianza. No se trata, pues, de
unos “discípulos de las Nuevas Tribus” ni pesa sobre ellas/os
acusación alguna según mi mejor conocimiento. Lo digo como
protagonista de la lucha contra las Nuevas Tribus desde su comienzo
en el siglo pasado.
En
este primer Documento de las Organizaciones Indígenas
–posteriormente hubo otro y estamos esperando uno tercero que viene
en camino– se da la presunta masacre casi como un hecho, según
testimonio de catorce (14) voceros yanomami procedentes del interior
de su hábitat, quienes a su vez basaron su denuncia formal en
declaraciones de los presuntos tres (3) sobrevivientes. Estos habían
relatado una matanza con helicóptero y armamento pesado en la
comunidad de Irotatheri, en la cual habrían perecido algo más de
ochenta (80) personas y tanto estas como sus viviendas habrían sido
calcinadas. Contando con horribles antecedentes como la masacre de
Haximú del año 1993 y las continuas denuncias sobre la presencia
–según algunos multitudinaria– de garimpeiros en la región, con
su habitual violencia y maltrato hacia las comunidades indígenas y
sus integrantes; una minería incontrolada con amplio uso de mercurio
y deforestaciones por doquier: era imposible no prestarle debida
atención a este tipo de denuncias, máxime si las cosas no parecen
haber mejorado en la presente década. Especialmente en los últimos
tres (3) años, circulan informaciones sobre deficiencias en los
programas de salud y abandono generalizado de la población yanomami
por parte de las instituciones. Convalidamos con la mejor honestidad
a nuestro alcance la enorme importancia de la visibilización
de
los pueblos originarios de nuestro país y su pleno reconocimiento
constitucional desde el año 1999 y luego también legal; incluso el
significado innegable de una gran cantidad de programas ampliamente
financiados cuyos destinatarios fueron no solamente los yanomami sino
los indígenas venezolanos en general. Pero a partir del segundo
lustro del primer decenio de este siglo y más en estos años, no
parece caber duda alguna sobre las despriorización del tema indígena
y sus lamentables efectos en todo el territorio nacional.
Insistimos
en todos estos precedentes para dejar claro y nítido, de una vez y
por siempre, que la serie de denuncias relativas a Irotatheri no son
obra de ninguna conspiración macabra para desestabilizar la
República Bolivariana de Venezuela, no son invento de la extrema
derecha, tampoco proceden de algún grupo apátrida ni de las
agencias del Imperio, a menos que le demos el nombre “gar-imperio”,
cuya presencia masiva sí es harto conocida. Es verdad que
posteriormente se sumó la organización venezolana Grupo de Trabajo
Socioambiental de la Amazonía-Wataniba y, como se sabe, Survival
International. Esta importante ONG lleva muchos años trabajando en
pro de la supervivencia de las etnias indígenas alrededor del mundo,
y si bien nadie es intocable ni exento de recibir criticas justas o
injustas, podemos afirmar objetivamente que se trata de una entidad
seria y además fructífera en el transcurso de su largo desempeño:
no son ningunos monstruos fascistas como algunos comentarios los
hacen aparecer.
Tales
hechos no invalidan automáticamente la posibilidad de que estas
clases de denuncias puedan ser utilizadas contra el Gobierno y el
Estado venezolano en una forma falsa y desleal tanto por agentes y
agencias internos como externos. De hecho, hemos sido testigos de
acusaciones y descalificaciones claramente tendenciosas. Pero aun eso
tiene sus limitaciones porque si apuntamos, por ejemplo, a la
contienda electoral, para los enemigos del actual Presidente de la
República sobran vías mucho más productivas para aceitar su
campaña, que recurriendo a la temática indígena que no multiplica
ni resta votos para ninguna de las tendencias en pugna. ¡Ojalá
llegara el día en que la política indígena de cualquier país
tuviese la fuerza de generar una profunda corriente de opinión
pública! Es cierto que la realidad de los pueblos autóctonos va
ganando espacio, pero es un proceso relativamente lento y plagado de
obstáculos. Por ahora puedo dar fe de que la mera posibilidad de que
en tierra yanomami puedan producirse grandes tragedias viene desde
muy atrás como se comprueba en un texto escrito en yanomami por
personas de esta etnia, en una compilación hecha por una
investigadora muy honesta y amiga nuestra, Catherine Alès1.
Protegemos
nuestra selva
No
queremos ver a los que toman oro, a los que dañan y roban la selva,
queremos que se vayan.
Cuando
ellos llegaron muchos de nosotros nos enfermamos, muchos Yanomami se
murieron. Ellos ensucian las aguas y se vuelven peligrosas y muchos
de nosotros los Yanomami estuvimos enfermos. Ellos mataron a muchos
Yanomami y también robaron mujeres.
Es
por eso que defendemos nuestra selva.
Yamakï
urihi noamaï
Urihi
rë thômïmaïwehei, pë oro rë toaïwehei, pë urihi rë
wâriaïwehei, yama pë mïï puhiomi, yama pë yashupraï puhi
toprao.
Pë
warooma thëhë yamakï pruka haririprariyoma, pruka Yanomamï pë
nomarayoma. Mao u pë shamiaï ha a wayuprou, Yanomamï yamakï pruka
haririoma. Thë pë kai Yanomamï pruka sheprama, suwë pë kai
thômïmamahe.
Îhï
kutaheni yamakï thë urihi noamï.
Como
vemos, este notable y muy auténtico testimonio data del último año
del milenio pasado, aunque fue recogido seguramente algo antes de su
publicación. Pero la presencia maldita de los garimpeiros
–criminales eco-etnocidas como ellos solos, que aún no han sido
desalojados de nuestro país data– desde mucho antes. El colega
antropólogo español Antonio Pérez se refirió hace poco a una
denuncia que me tocó ya para entonces protagonizar hace casi treinta
(30) años.
“Denuncian
profesores universitarios. Concesiones mineras en el Alto Orinoco
llevarían a la muerte a los Yanomami. Piden al Presidente Lusinchi
la revocatoria de estas concesiones y la investigación de los hechos
por parte de la Fiscalía y el Congreso Nacional… Según denuncian
los profesores Esteban Mosonyi, antropólogo; Raúl Domínguez,
abogado agrarista y Alexander Luzardo, sociólogo y diputado al
Congreso Nacional… la organización Survival, Sobrevivencia
Internacional, envió al Presidente Jaime Lusinchi un documento el
pasado primero de marzo, donde denuncian esta situación… Estas
denuncias han sido confirmadas por el Vicariato Apostólico de Puerto
Ayacucho que ha advertido que el reparto del territorio ancestral de
la etnia Yanomami llevará a la irreversible desintegración y
mortandad
de este grupo humano y a la destrucción de las fuentes del río
Orinoco… Para nadie es un secreto y existen pruebas abundantes al
respecto, que la presencia de sectores mineros en el corazón del
hábitat Yanomami ocasionaría el despojo de todas las tierras
étnicas (180 mil kilómetros cuadrados)… Además, al verse
despojado de su base económica y humillado en sus raíces
culturales, se convertiría en víctima fácil de una inicua
explotación semi-esclava y podría caer en la mendicidad y otras
formas de marginalidad extrema”
(Pérez,
Antonio. Treinta años no es nada. El Universal, martes 03 abril
1984)
Más
adelante el colega Pérez conecta estos hechos con la situación
actual que aparenta ser hasta más amenazante, ya que los garimpeiros
han crecido en número, se han hecho más potentes, andan muy bien
equipados incluso en materia de armamentos, además de formar parte
de poderosas mafias con tentáculos que se extienden por América y
otros continentes. Las circunstancias apremian porque de
proseguir impunemente las razzias de garimpeiros u otros facinerosos
a los shapono yanomami se pondría en entredicho la continuidad de
esta cultura y pueblo multimilenario:
patrimonio de la humanidad según la UNESCO, valioso ejemplo de
convivencia e incluso de apoyo mutuo entre el ser humano y la
naturaleza, lleno además de espiritualidad, valores profundos y un
simbolismo ritual, mítico y lingüístico de inmensa complejidad.
Con la desaparición de este pueblo también se perdería la
diversidad biológica y ambiental de esta parte de la Amazonía,
totalmente incompatible con la invasiva penetración del mundo
“occidentalizado” a nuestras selvas, especialmente con la
deforestación incontrolada y la minería intensiva, inclusive a la
que se pretendiese dar un carácter legal.
Ha
devenido ya en aforismo –cada vez más repetido– el dicho de que
sin
la Amazonía la humanidad se quedará sin agua potable ni aire
respirable;
pese a lo cual tanto las corporaciones transnacionales como los
distintos gobiernos hacen lo posible y lo imposible por contribuir a
su desintegración. Este tema ha sido muy bien estudiado por diversas
disciplinas ecológicas, biológicas y socioculturales, por lo que
podemos exhibir los soportes necesarios para fundamentar estas
afirmaciones. Hasta ahora, poco o nada se ha logrado para
compatibilizar de alguna manera la minería y otras formas de
aprovechamiento de los bienes provenientes de la selva con un respeto
real, no solamente retórico, del ambiente y de las comunidades y
culturas indígenas. Muy a pesar de nuestras hermosas disposiciones
constitucionales y una elocuente legislación pro-indígena, la
población originaria sigue siendo percibida por la mayoría de las
autoridades, las instituciones, inclusive una buena parte de la
opinión pública como un peso muerto, una carga incómoda que solo
está allí para complicar y dificultar nuestro proceso de desarrollo
como país.
Esto
es válido no solo para los yanomami, ya más o menos visibilizados
por una multitud de investigaciones y otras razones largas de contar,
sino para la totalidad de los cuarenta y dos (42) pueblos indígenas
de Venezuela, sin olvidar a los del resto del mundo. Sería fácil
extendernos indefinidamente, pero conformémonos esta vez con nombrar
a los pueblos yukpa y barí de la Sierra de Perijá –como expresó
agudamente el amigo y luchador social Santiago Arconada, “yukpa”
se escribe con la Y de “yanomami”– cuyo largo proceso de lucha
por sus tierras y el derecho a su vida y cultura ha conducido a una
situación insostenible, ya plagada de muertes y amenazas inminentes.
En este mismo contexto se inscribe la extremada lentitud con la que
avanza el proceso de demarcación de las tierras indígenas en
Venezuela y varios países del continente, además de las
ambigüedades y tramposerías en su formulación jurídica. Sería
hasta demasiado permisivo afirmar que la situación indígena en
nuestro país no está en su mejor momento.
Confrontemos
tan solo, muy brevemente, el caso de Nicaragua, país amigo nuestro
de la ALBA; vale decir que no se trata de los habitantes de Marte o
de Saturno. En ocasión del primer periodo de la Revolución
Sandinista, al cabo de un período sanguinario de guerra civil
–apoyado desde los Estados Unidos, pero donde también los
sandinistas tuvieron parte de la culpa al no comprender las
especificidades de los indígenas nicaragüenses de la Costa
Atlántica ni de las comunidades afrodescendientes angloparlantes de
la misma región– surgió finalmente una solución ejemplarizante
para toda América: la Autonomía de la Costa Atlántica de
Nicaragua. Lo digo con absoluto conocimiento de causa porque
participé en el proceso. A partir de ese momento, las diversas
etnias tienen aseguradas sus tierras; conservan y fortalecen sus
idiomas y culturas en un ambiente de diálogo intercultural con los
nicaragüenses hispanohablantes del Pacífico; incluso poseen una de
las mejores Universidades Indígenas del continente, llamada Uracán.
Pese a las opiniones calamitosas de nuestro Ginés de Sepúlveda
venezolano, el escritor Luis Britto García –miembro del actual
Consejo de Estado– quien ve en cada elemento sociodiverso un foco
de inestabilidad y separatismo, y prefiere parlamentar con grandes
corporaciones transnacionales antes que con cualquier etnia indígena,
en Nicaragua no solo no se configura secesión alguna sino por el
contrario, estas etnias amerindias y afrodescendientes forman un
inmejorable puente de enlace con otros estados de Centro América y
el Caribe. Confieso que las condiciones sociopolíticas son distintas
en cada país, mas aun así tenemos mucho que aprender de este modelo
nica, tal vez imperfecto pero extraordinario.
Se
equivocan profundamente las autoridades venezolanas cuando tratan de
reducir toda esta grave problemática a un plan desestabilizador con
miras a las elecciones presidenciales. Sería un gravísimo error y
una falta ética imperdonable acallar o descalificar los reclamos y
denuncias, bajo el alegato de que algunas son o podrían resultar
inciertos o desproporcionados. Nuestro norte es y debe ser siempre la
salvaguardia de la sociedad yanomami y otros pueblos indígenas,
junto al ambiente prístino que constituye su hábitat y sin el cual
no habría vida en la Tierra. Por la misma razón, opté por
movilizarme en mi calidad de Presidente del Colegio de Sociólogos y
Antropólogos de Venezuela y Rector de la Universidad Indígena de
Tauca, a título personal pero en unión con otros colegas, amigos y
dirigentes indígenas. Estamos promoviendo un conjunto de reuniones y
otros eventos para atender la ya inocultable emergencia, llamar la
atención y sensibilizar al estamento político y a la élite del
poder que rigen los destinos de Venezuela –tanto del lado del
Gobierno como de la Oposición o quienes se consideren neutrales–
para afirmar con claridad meridiana que la sociedad venezolana, en su
totalidad e independientemente de su filiación política e
ideológica, no está dispuesta a sacrificar su patrimonio ambiental,
su diversidad biológica y social, y tampoco la existencia de sus
pueblos originarios: en aras de un desarrollismo deshumanizado y
desnaturalizado, economicista y guiado por intereses geopolíticos,
cuya ola expansiva –una carrera “amuk” aparentemente
indetenible– se extiende sobre todos los países de la región, sin
discriminación de si se definen o autodefinen como de derecha,
centro o izquierda.
Muy
particularmente en Venezuela, nuestra sociedad atraviesa por una
andanada esquizofrénica en la que cada actor político reconoce por
un lado que somos un país bendecido por fuentes hídricas de
dimensiones incomparables, una Amazonía y regiones selváticas
exuberantes de diversidad biológica, humana, cultural y lingüística;
vale decir, todo aquello que gran parte de la humanidad y del globo
terráqueo ha ido perdiendo. Pero por otra parte, todos ellos lanzan
a los cuatro vientos la peregrina idea de que seguiremos siendo el
gran país-petróleo por los siglos venideros, uno de los mayores
reservorios de oro y otros minerales que habrán de ser explotados
sin consideración alguna por el ambiente y menos por las tierras
indígenas, a través de convenios múltiples con diferentes países
y numerosas corporaciones que ya iniciaron sus actividades. En este
contexto, la Oposición simplemente ridiculiza la sola idea de
“salvar el planeta” y “salvaguardar la existencia de las
especies vivas, incluyendo a la humanidad”. El ex rector de la UCV,
Dr. Luis Fuenmayor Toro –más o menos equidistante entre Oposición
y Gobierno por decirlo así– habla del peligro de un “ambientalismo
a ultranza”, que según él limitaría el desarrollo de nuestros
países y coartaría el ejercicio de la Soberanía Nacional. Sostiene
que poco a poco la humanidad, especialmente a través de la ciencia y
la tecnología, irá encontrando la vía intermedia para ir
conciliando las distintas posiciones para llegar así a un equilibrio
constructivo. Tal postura pudo haber tenido más sentido hace treinta
(30) o incluso veinte (20) años. Pero hoy día, después del fracaso
de Kyoto y las conferencias mundiales subsiguientes sobre la
protección del ambiente –debido principalmente a la oposición de
Estados Unidos y otros países grandes, pero con la
corresponsabilidad de todos los países del mundo– ya el Planeta
entró sin asomo de duda en un proceso degenerativo: recalentamiento
global, megaextinción de especies biológicas, deshielo de los
casquetes polares, sabanización y desertización de los ecosistemas
selváticos y boscosos restantes, una contaminación ya incontrolable
que incluye la radiactiva, y dejémoslo allí para no alargar la
lista.
El
Presidente Chávez empero –quien sí cree en la salvación de la
Pacha Mama y la instauración del Buen Vivir– lanzó sin embargo,
hace poco tiempo, una propuesta neo-desarrollista que comprende cosas
como el llamado ”arco minero”, que abarcaría el norte de los
estados Bolívar y Amazonas y consistiría en la extracción masiva
de minerales como el hierro, la bauxita, el coltán y otros; la
construcción inmediata de un ferrocarril desde la Península de
Paria hasta la ciudad de Manaus en Brasil, atravesando la Gran
Sabana; el poblamiento intensivo del Sur Venezolano, con grandes
ciudades, carreteras y colosales obras de infraestructura. Tenemos
todo el derecho de preguntarnos, ¿dónde cabe allí el ambiente, las
fuentes acuíferas, la biodiversidad, los espacios destinados a ser
demarcados para los cuarenta y dos (42) o tal vez más pueblos
indígenas? Con todo respeto y la mayor probidad decimos que, tal
como están planteados, los dos extremos del compás son
absolutamente incompatibles. Además, ¿qué propósito tendría un
gran proyecto nacional socialista –o si se quiere capitalista– si
estamos sacrificando estrepitosamente nuestro ambiente natural,
biodiversidad y sociodiversidad? He asistido personalmente a varias
reuniones con los movimientos indígenas, donde se comenzó a barajar
la idea que nos tocará consolidar ahora, que consiste en solicitar
responsablemente una moratoria para estos megaproyectos de desarrollo
que –si se ejecutaren en la forma en que fueron concebidos–
seguramente acabarían con nuestra naturaleza y en ella con los
pueblos y culturas indígenas en aproximadamente veinte (20) o
treinta (30) años, o sea una sola generación. Entiéndase que no
nos proponemos descartar totalmente la minería, la búsqueda de
recursos energéticos ni otros planes que de algún modo podrían
servir para mejorar nuestra calidad de vida, defendiendo
siempre la intangibilidad de los parques nacionales y otras áreas
protegidas.
Pero es y será cada vez más necesario realizar estos planes en
conjunto, con participación plenamente interdisciplinaria y
transdisciplinaria, con la presencia protagónica de los pueblos
indígenas y otros pobladores tradicionales así como tantas otras
organizaciones populares y ciudadanas, hasta que alcancemos un
consenso operativo sobre lo que puede y debe hacerse u omitirse, a
fin de llegar a un verdadero equilibrio entre lo tecno-económico y
lo eco-humanístico. A mí personalmente no me cabe duda de que
–habiendo voluntad de por medio– lograremos llegar a una
solución, si no perfecta por lo menos satisfactoria y claramente
viable.
Finalmente,
ya volviendo al problema central que nos ocupa, pedimos la
continuidad y ampliación de las investigaciones emprendidas en el
hábitat yanomami, en colaboración con las autoridades brasileñas,
cuya meta principal es la
erradicación de los garimpeiros y la solución de los grandes
problemas de la región y, en especial, de las necesidades más
perentorias de sus comunidades indígenas, tanto yanomami como de
otras etnias.
En relación con el resto de Venezuela, se
precisan acelerar las demarcaciones de tierras indígenas sobre la
base de la auto-demarcación, hecha por los distintos pueblos y
comunidades involucrados.
Es urgente el resarcimiento de la aún inmensa deuda histórica con
nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes.
Recordemos
tan solo por un minuto cómo habíamos permitido cobardemente con
nuestro silencio, hace poco tiempo, la extinción casi total de los
indígenas de la Patagonia y la Tierra del Fuego; antes de eso la
brutal matanza exterminadora de los aborígenes de Tasmania, y tantos
otros ejemplos que podríamos citar. Pero respecto de los yanomami y
los demás pueblos indígenas asentados en territorio venezolano
aseguramos desde ahora que los
ángeles de la muerte NO PASARÁN.
1
Alès, Catherine. 1999. Protegemos nuestra
selva. Culturas Indígenas del Amazonas Venezolano. Caracas: Ex
Libris. Págs. 64-66.
